O Marito frena los abusos o incurre en lesión de confianza - Editorial - ABC Color

La sociedad no termina de asombrarse con la aparición de más y nuevos hechos escandalosos de manejo discrecional y abusivo de fondos públicos para beneficio particular de los que, supuestamente, tendrían que estar a cargo de velar por ellos, ya sea como directivos o funcionarios del Estado. La Ley 508/94, sobre la negociación colectiva en el sector público, establece específicamente en su artículo 12 que tal negociación se regula por el Derecho Administrativo y no por el Derecho Laboral. Mientras el Derecho Laboral es parte del derecho privado, el Derecho Administrativo es una rama del derecho público, y como tal se rige por el “principio de legalidad”, según el cual, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, a diferencia del derecho privado o común, donde todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Asimismo, en el Derecho Administrativo prevalece el interés del Estado sobre el de los individuos alcanzados por él, es decir, por sobre el interés de los funcionarios y empleados públicos y de sus asociaciones sindicales. Específicamente, las cláusulas de contratos colectivos estatales que impliquen una erogación de recursos públicos deben contar con la aprobación del órgano administrativo competente (Ministerio de Hacienda) y, fundamentalmente, deben ser incluidas en la Ley de Presupuesto General de la Nación cada año. ...[Leer más]